Jul 21, 2025
Con la entrada en vigor de la reforma publicada el 17 de julio de 2025 a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), el concepto de Beneficiario Controlador se redefine y cobra un papel clave en la estrategia del gobierno mexicano contra el lavado de dinero y la opacidad corporativa.
La ley ahora define como Beneficiario Controlador a toda persona física que, directa o indirectamente, obtenga beneficios derivados de una relación jurídica o ejerza el control efectivo del 25% o más del capital social o derechos de voto en una entidad. También incluye a quienes ejerzan influencia significativa en la toma de decisiones, incluso sin participación accionaria.
Antes, el umbral de identificación solía establecerse en el 50%. La reforma reduce ese límite al 25%, alineando a México con estándares internacionales (como los del GAFI). Además:
La reforma también introduce definiciones específicas para Personas Políticamente Expuestas (PEP), es decir, personas con funciones públicas relevantes (o sus familiares y colaboradores cercanos). Las empresas deberán aplicar medidas reforzadas de debida diligencia al identificarlas como Beneficiarios Controladores, ante su mayor exposición al riesgo de corrupción o financiamiento ilícito.
La figura del Beneficiario Controlador ya no es opcional ni ambigua: es un requisito obligatorio, dinámico y con consecuencias legales severas si no se atiende correctamente. No se trata solo de cumplimiento, sino de proteger a tu empresa frente a riesgos reputacionales y legales que pueden escalar rápidamente.
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Este artículo fue elaborado por nuestro Socio del Área Legal, el Lic. Alejandro Vázquez.
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